La reforma al sistema de justicia penal en México no ha logrado proteger los derechos de víctimas y acusados a nivel local, ni generar un sistema eficiente de servicios de apoyo necesarios para el trabajo de los tribunales estatales, considera la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés.)
El organismo se dispone a invertir entre 4 y 10 millones de dólares en dos años para contratar a una organización civil mexicana que trabaje en reforzar esos temas en «estados selectos» que tengan la mejor posibilidad de éxito.
A once años de la reforma para establecer el sistema acusatorio, señala, los problemas se concentran en tres instituciones: las oficinas de defensores públicos (ODF), las unidades de medidas cautelares (Umeca) y las comisiones de atención a víctimas (CAV), todas a nivel estatal.