Hermosillo, Son., julio 8 de 2019.- Con la asistencia de catorce ciudadanos, el proceso de
entrevistas de aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA) inició este domingo a las 08:00 horas y finalizó, en su primera parte, a
las 13:40 horas.
Los ciudadanos fueron entrevistados por los miembros de la Comisión de Selección del CPC del
SEA, cuyo coordinador ejecutivo, Marco Antonio Andrade Aguirre, explicó a cada uno la mecánica
de este proceso, que consistió en diez minutos del compareciente para la exposición de motivos y
propuestas, para posteriormente llevar a cabo la etapa de preguntas y respuestas.
Por parte de la comisión también estuvieron presentes los ciudadanos Estefanía Argüelles
Ramírez, Roberto Dyke García, Karina Gastélum Félix, Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, Teresita
Lanz Woolfolk, Luz Mercedes León Ruiz, Rosa lsela López Cuevas y José Javier Vales García.
Alfonso López Barrio fue el primer ciudadano en presentarse ante la Comisión de Selección, quien
consideró una gran oportunidad la participación ciudadana en apoyo al combate a la corrupción,
además de proponer, entre otras acciones, que el Congreso del Estado lleve a cabo consultas en
los municipios para recabar las inquietudes de los ciudadanos con relación a este tema.
También se pronunció a favor de que estudiantes universitarios reciban instrucción sobre el
Sistema Estatal Anticorrupción a manera de servicio social, pues consideró se trata de una
oportunidad si se toma en cuenta la participación ciudadana y el puente que debe existir con los
ciudadanos molestos e intranquilos.
Enseguida tocó el turno a Wilfredo Román Morales Silva, quien propuso que en la página web del
Comité de Participación Ciudadana del SEA se destine un espacio para la denuncia ciudadana, así
como implementar la firma electrónica, con el fin de que el Comité Coordinador no tenga necesidad
de escanear documentos, según sea el caso.
De llegar a formar parte del CPC se abocaría de inmediato a proponer una reforma a la Ley que
crea el Sistema Estatal Anticorrupción, por considerar, sostuvo, que las recomendaciones que
emite el comité no son vinculantes, de manera que de implementarse esa modificación, permitiría
que fueran obligatorias.
Abraham Yeomans Orozco expuso la importancia de trabajar en el fortalecimiento de los
ayuntamientos, a fin de que estén en condiciones reales de combatir la corrupción, lo que calificó
como una acción preventiva a favor de los municipios.
Se dijo convencido de que la corrupción debe atacarse desde la prevención, y como fallas del
sistema nacional y estatal anticorrupción, mencionó que no toman en cuenta al municipio, mientras
que en el turno de Miguel Arturo Morales Zamorano, éste aseguró que le interesa sumar un fondo
colectivo entre entidades fiscalizadoras.
Propuso que en las instituciones educativas se lleven a cabo concursos, ensayos, implementación
de software, entre otros, con la temática anticorrupción.
Del tema de la prevención también habló Katia Cota Martínez, pues junto con las políticas públicas
y estrategias es lo que debe promoverse, al igual que la formación de valores a edad temprana
sobre la importancia de la ética en el servicio público y el combate a la corrupción.
Se tiene que involucrar a instituciones de educación superior para la designación de perfiles en el
servicio público, agregó, en tanto Christian Alberto Arellano López consideró un reto llevar al CPC
a una posición entre el SEA y la ciudadanía para recuperar la credibilidad en las instituciones de
gobierno.
La transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos fundamentales en esta labor, dijo, ya
que se trata de elementos que, de implementarse a cabalidad, permitirán cumplir con los objetivos
del Sistema Estatal Anticorrupción, sin dejar de lado las fortalezas y áreas de oportunidad que
pueden encontrarse para lograr la profesionalización de quienes forman parte del servicio público.
Mario Jorge Termine! Siqueiros propuso implementar medidas que eviten que los servidores
públicos desplieguen su potencial de hacer lo que los ciudadanos detestan, para lo cual es
necesario llevar a cabo acciones que permitan incrementar la cultura del combate a la corrupción.
Un área de oportunidad se encuentra en las comunidades indígenas, indicó, donde el Comité de
Participación Ciudadana puede recopilar datos y de esta manera sean tomadas en cuenta. Siguió
José Guillermo Ulloa Martínez, quien consideró un buen punto las impugnaciones que se hacen a
las licitaciones, ya que se puede implementar un mecanismo como denuncia pública.
Ver cómo las empresas pueden impulsar como medidas poner candados para evitar actos de
corrupción, para lo cual estimó es de suma importancia de que los municipios se involucren en este
tipo de acciones.
» Elizabeth Pérez Jiménez destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en ejercicios
de gobierno abierto que permiten la participación y formación de los ciudadanos interesados en el
combate a la corrupción, experiencia que le ha tocado vivir en diversos grupos.
Consideró fundamental la participación de la mujer por el rol que desempeñan y que ahora es
mayormente reconocido, como en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, en el que se desempeñan dos mujeres.
Enseguida tocó el turno a Juan Manuel Balbastro Fimbres, quien se pronunció a favor de fomentar
la cultura de la denuncia y de que los documentos que se presenten sean los necesarios para
fundamentarla, pues actualmente ésta se ha constituido en un arma de doble filo: el lado práctico
para denunciar rápidamente y que se utilice para difamar.
Deben valorarse los requisitos elementales, porque una denuncia no es algo que pueda dejarse de
lado, sostuvo, además de darle el seguimiento adecuado.
Posteriormente se presentó Desdémona
Guadalupe Cota Valenzuela para dar a conocer su propuesta encaminada a mejorar las
regulaciones y que se incluyan capítulos específicos sobre las responsabilidades de los servidores
públicos y cuáles son las conductas que no están permitidas.
agrego que evaluar el cumplimiento de la normatividad permitira que las cosas se hagan con calidad, ademas de proponer que se cuente con un padrón de verificadores e inspectores especializados en las revisiones, porque desde ahi empieza la corrupción, sin dejar de lado estar atentos a que las sanciones se cumplan.
Roberto Lagarda Lagarda ofreció aportar su experiencia en instituciones educativas y de seguridad
social, ya que es necesario que en la formación educativa se enseñen las normas más elementales
para fortalecer esa parte que necesitan el sistema nacional y el estatal anticorrupción.
Incidir en incorporar a las instituciones educativas, hasta posgrado, sería en beneficio de ambos
sistemas, dijo, mientras que Edna María Villarreal Peralta afirmó es importante la construcción de
un directorio de las organizaciones de la sociedad civil, además de consolidar el tema de la
vinculación e implementar mecanismos para combatir la corrupción , como sería un link en la
página del CPC que dé acceso a las aplicaciones que ya existen.
En la parte operativa propuso la medición de indicadores, para lo cual compartió su experiencia en
lo relativo al fondo minero, del cual hizo un estudio junto con otro sobre los programas de estímulos
del CONACYT, ya que ambos han sido objetos de corrupción y falta de transparencia.
Javier Alejandro Lugo Sau habló de implementar lo que se conoce como corrupción de ventanilla,
que tiene que ver con la percepción que se tiene de la labor de la Policía, así como el impulso de la
tecnología.
Calificó como muy completo el plan de trabajo del CPC del SEA, mientras que Juan José Reyes
Cervantes, con quien finalizó la primera parte de las entrevistas, informó que su principal
contribución sería la denuncia ciudadana para dar seguimiento a los casos de corrupción, además
de establecer medidas de control interno y darles solución a expedientes.