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Presentan diputados iniciativas para reformar diversas leyes

n la última sesión del mes de septiembre, diversos legisladores presentaron iniciativas para modificar disposiciones como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal, la Ley Estatal de Responsabilidades, la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además se eligió a la mesa directiva que ejercerá funciones durante octubre, la cual estará integrada por los diputados María Magdalena Uribe Peña, presidenta; Diana Platt Salazar, vicepresidenta; Carlos Navarrete Aguirre, primer secretario; Luis Mario Rivera Aguilar, segundo secretario; y Rosa Icela Martínez Espinoza, suplente.

De acuerdo al orden del día aprobado por la asamblea, en primer término correspondió presentar su iniciativa al diputado Martín Matrecitos Flores, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de instaurar en estas normas el delito electoral en el que incurran los servidores públicos y funcionarios en el ejercicio del cargo o funciones.

Fundamentó su propuesta en el hecho de que la LIPES no contempla de manera clara como sujeto activo en la comisión de los delitos electorales, la figura del servidor o del funcionario público, lo cual puede observarse en el contenido de los artículos 3º, 281 y 282 de dicha norma, ya que sólo se refiere a los funcionarios electorales.

En cuanto al Código Penal para el Estado de Sonora, en el Título Vigésimo Segundo, Capítulo I, denominado: Delitos Electorales, hace referencia a un catálogo de supuestos señalados como infracciones y sancionados como delitos electorales por parte de funcionarios electorales y de ciudadanos en general, indicó, pero se observa una omisión al no precisar a los servidores y funcionarios públicos, como probables sujetos en la comisión de alguna infracción que se puede catalogar como tal.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Expuso que el tema central estriba en coadyuvar con los municipios de menor población mediante la creación de un procedimiento especial de responsabilidad administrativa, adicionando un capítulo III BIS a la Ley para que puede ser desahogado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y será aplicable para el trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas graves, no graves y de particulares, investigados por el ISAF y el órgano de control de los municipios rurales.

“Con esta iniciativa se pretende maximizar el derecho fundamental consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, aseveró.

Enseguida tocó el turno a la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, de presentar su iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, a efecto de establecer en dicha norma un mecanismo de apoyo para solventar, en parte, los problemas que pueden enfrentar los estudiantes foráneos.

Ejemplificó que uno de cada cuatro estudiantes de la Unidad Centro de la UNISON son foráneos; en el Campus Cajeme el 25 por ciento también; en la Unidad Caborca, el porcentaje aumenta a 40, mientras que en la Universidad Estatal de Sonora se cuenta con 2 mil 500 estudiantes que son de otras ciudades en la unidad Hermosillo; 400 de un total de 2 mil 975 en la de San Luis Río Colorado; y en la de Magdalena, 600 de un total de mil 616.

“Sabemos que resulta complicado apoyar a todos los estudiantes todos los momentos, por lo que proponemos que la reserva económica se disponga en virtud de la suficiencia presupuestal y de criterios que tomen en cuenta la información y registro estadístico del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como con la colaboración de la Secretaría de Hacienda estatal”, expresó la legisladora.

La Presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Educación y Cultura, en tanto la Primera Comisión de Hacienda analizará la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 70 a la Ley de Hacienda Municipal, que presentó ante el Pleno el diputado Gildardo Real Ramírez, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El objeto es incluir en la norma un seguro contra robo, daños y responsabilidad civil que proteja a la ciudadanía en su hogar y en sus vehículos, por daños ocasionados por infraestructura municipal. El legislador recordó que apenas hace unos años, los hermosillenses que pagaban el Impuesto Predial a tiempo, recibían un seguro de vivienda y tenían derecho a una póliza con cobertura en caso de robo, incendio, inundación o explosión, pero en 2017 el incentivo fue eliminado.

“Eliminar estas coberturas dejó en un estado de indefensión a los ciudadanos de la capital del Estado ante cualquier evento catastrófico al que puedan enfrentarse en su casa o en la ciudad, como consecuencia del pobre estado de la infraestructura urbana municipal”, externó.

Y para que el titular del Poder Ejecutivo Federal implemente las acciones necesarias para la recuperación del tren del pacífico en el Estado de Sonora, la diputada María Dolores Del Río Sánchez presentó una iniciativa con punto de Acuerdo en el que se asienta la importancia de que se trata de una oportunidad económica y turística para Sonora y el país, pues cuenta con ventajas que abonan a hacer realidad la propuesta.

Enumeró que para el tren del pacífico ya están las vías, no afectaría ni la flora ni la fauna de la región, detonaría zonas económicas y turísticas que falta detonar en el Estado, y no afectaría ninguna zona protegida. El Acuerdo se aprobó por unanimidad.

Las comisiones de Minería y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, estudiarán la iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Presidente de la República y a los titulares de las secretarías de Economía Federal, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Poder Legislativo Federal, con el objeto de que se revoquen y no se otorguen más concesiones mineras.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar sostuvo que la minería de superficie o a cielo abierto conlleva la
devastación total del ecosistema en el que se practica, ya que implica la remoción total de las especies de plantas y animales, y por lo tanto, de las funciones y bioprocesos que existían en dicho ecosistema.

Solicitó a los funcionarios federales que se cumpla con los compromisos internacionales contraídos por el gobierno mexicano, de conservación de la biodiversidad, preservando la superficie actual de las áreas protegidas y otros sistemas de conservación dentro de la contabilidad con la que pretende alcanzar las metas planteadas, y al Poder Legislativo Federal, para que ajuste las leyes de Minería y General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

En el desarrollo de la sesión siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos párrafos al Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objeto de establecer los centros integrales de procuración de justica en la entidad, lo que permitiría atender a la ciudadanía en las zonas urbanas de los municipios con mayor población.

“Esta propuesta de centros en las ciudades desahogaría a otras agencias del Ministerio Público en su carga de trabajo, es decir, de los delitos más denunciados, teniendo más fluida y eficiente la atención a la gente. Esta idea se me expuso en noviembre de 2018 en Navojoa, para que dentro del paquete económico 2019 ó 2020 se integrara como obra pública”, afirmó la diputada Gricelda Lorena Soto Almada.

El diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de ley de atención a la juventud del Estado de Sonora, por considerar, expuso, que se trata de un acto de estricta justicia intergeneracional con los jóvenes del Estado de Sonora, al establecer un marco jurídico, políticas, planes y programas por parte del Gobierno del Estado, dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos.

“Contribuir a su desarrollo y vincular su participación activa en el desarrollo del Estado de Sonora, en los ámbitos social, económico, político y cultural, en condiciones de equidad y solidaridad. La transformación que el Estado requiere la harán sin duda los jóvenes, quienes tienen la formación, conocimiento, talento, audacia y capacidad”, exteriorizó.

Agregó que por eso es urgente dotarles de certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de vida. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

En esta sesión ordinaria se aprobó el Acuerdo que resuelve aprobar la renuncia presentada por el ciudadano Jesús Martín Porchas Jaime al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento del ciudadano José Soto Burboa, regidor suplente, el contenido de la resolución a fin de que rinda la protesta de Ley como Regidor Propietario.

El dictamen fue presentado por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el cual también se comisiona al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma de protesta referida, en nombre y representación del Poder Legislativo.