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¿Qué pasa con los residuos de COVID-19? Más de 7 toneladas de desechos han sido mal manejadas.

Autoridades ambientales han levantado dos denuncias contra empresas por el mal manejo y abandono de residuos COVID-19. Según la norma oficial, las empresas contratadas por hospitales o por el gobierno deben cubrir con varias disposiciones.

La epidemia de coronavirus trajo consigo el incremento de residuos infecciosos, desde gasas y cubrebocas, hasta jeringas y fluidos que pueden poner en riesgo a quien esté en contacto con ellos.

Desde que inició la epidemia, hasta el pasado 8 de junio, al menos 7.5 toneladas de basura COVID-19 han sido abandonadas o mal manejadas en el país.

Estos desechos son parte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), generados principalmente por hospitales, así como por laboratorios.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consultados por Animal Político, estas 7.5 toneladas fueron localizadas en dos puntos.

El más grande, de casi seis mil metros cúbicos de residuos, en un centro de acopio en Cuautinchán, Puebla, el pasado 18 de mayo.

Las autoridades clausuraron el este establecimiento (dedicado a la disposición de residuos) por hacer un mal uso de los desechos, pues las cajas de refrigeración no funcionaban y hallaron bolsas con basura COVID-19 fuera del almacén a cielo abierto, “con presencia de derrames de líquido hemático (sangre) y otros líquidos corporales”.

Sobre este caso, la Profepa respondió que “de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), en materia administrativa y penal, se está en busca de una sede para dar tratamiento o disposición final de casi seis mil metros cúbicos de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), que, al estar almacenados de manera inadecuada, generan un riesgo potencial en la salud de la población”.

El resto de los desechos, 3.5 toneladas, fueron abandonados en los parajes de Las Cebadillas y El Cabro del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, parte de ellos calcinados, por lo que Profepa tuvo que contratar a una empresa para recolectar, transportar y disponer finalmente estos residuos de COVID-19.

Por este hallazgo, la Procuraduría presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad confirmó a Animal Político que hay dos investigaciones abiertas por estos casos contra dos empresas, cuyos nombres no puede dar a conocer por razones legales, sin embargo, explicó que hay un procedimiento administrativo contra las personas que “fueron identificadas durante la diligencia que se llevó a cabo en el Municipio mencionado, como presuntas responsables del abandono de dichos residuos hospitalarios”.

También aseguró que ya buscan identificar a empresas que “sólo de forma parcial, cumplen con sus obligaciones ambientales, así como a los que decidieron dejar de evidenciar su funcionamiento de manera responsable en el manejo adecuado de esos residuos”.