El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el paquete de enmiendas con las que el gobierno federal combatirá la facturación falsa y a empresas fantasma.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 318 votos de Morena, PT, PES, PVEM y Movimiento Ciudadano, el paquete de enmiendas con las que el gobierno federal combatirá la facturación falsa y a las empresas fantasma.
El paquete aprobado comprende reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal; cambios que fueron rechazados con 121 votos en contra, provenientes de diputados del PAN, PRD y PRI, en su mayoría.
Tras la aprobación comenzó la discusión en lo particular, en donde las fracciones parlamentarias de la oposición –incluido MC y PES, que votaron a favor en lo general- tratarán de hacer modificaciones principalmente en temas como presunción de inocencia, de modo que no haya sanción de prisión preventiva oficiosa; que esos delitos no sean considerados delincuencia organizada, ni como un asunto de seguridad nacional.
Con las reformas aprobadas, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se incorpora la omisión o la simulación en el pago de impuestos como delincuencia organizada, según lo determine el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Además se combaten esquemas de evasión a gran escala vía simulaciones jurídicas, como subcontrataciones ilegales o outsourcing ilegal, y se fortalece el combate al contrabando.
Otro cambio consiste en que se considerarán amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, mismos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Estos son el contrabando y su equiparable cuando sean calificados; la defraudación fiscal y su equiparable cuando sean calificados, pero siempre que el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; es decir, 7.8 millones de pesos.
En esos casos procederá prisión preventiva oficiosa, congelación de cuentas, extinción de dominio en los bienes de los responsables.
Alertan riesgos y reconocen excesos
En la discusión, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, puso énfasis en este asunto al alertar que las enmiendas generan una amenaza de intrusión en el ámbito de los particulares.
Advirtió que con las reformas, “cualquier contribuyente podrá ser objeto de técnicas de investigación altamente intrusivas como intercepción de comunicaciones en telefonía, agentes encubiertos, delatores o agentes protegidos (…) la autoridad generará un ambiente de crispación y desincentivará la inversión”.
Indicó que el discurso desgastado de por qué no se hizo nada en el pasado es falso, “tan es así que la Cuarta Transformación es beneficiaria de los sistemas avanzados del SAT, es evidente que no saben usarlos o no tienen capacidad para hacerlo”.
Ante los señalamientos, incluso el PT reconoció que las reformas pueden contener excesos, pero necesarios.
“¿Es un exceso esta ley? Sí es un exceso, pero a excesos se corresponden excesos”, advirtió el diputado petista Oscar González .
“Es un exceso, sí, pero también el saqueo del país ha sido un exceso. Sí, es un exceso pero más exceso es el saqueo”, añadió al mencionar que el uso de facturación falsa no permite una competencia efectiva.
Hay una competencia desleal, pues de 2014 a 2019 ha habido más de 8 millones de facturas falsas con daños al erario de 354 mil millones de pesos; 1.4 del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Refirió que de ese tamaño es el problema” y no es lo es recaudar más, sino perder por la facturación falsa y empresas fantasma recursos necesarios para el País.
Sostuvo que si en el año 1994-1995 hubiera habido prisión preventiva oficiosa, “hubiéramos detenido a los del fraude del Fobaproa, el fraude del siglo”, argumento que fue rebatido por la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien aseguró que en 1995 sí existía la prisión preventiva oficiosa.
“De hecho, ese era el sistema penal que teníamos, que todo mundo fuera por prisión preventiva oficiosa a la cárcel mientras dilucidaba su situación jurídica. Lo que se hizo (después) fue garantizar los derechos humanos de todas y todos, para que fuera una conducta que no fuera el común denominador, sino que fuera excepcional” y hubiera posibilidad de defensa en libertad, lo que las reformas que se votaron esta tarde no permitirán”, indicó.