El Instituto Nacional Electoral está evaluando la posibilidad de imponer sanciones a la empresa productora del primer debate presidencial debido a las fallas técnicas que se registraron durante el evento. Aunque el debate atrajo a una audiencia considerable, estimada en más de 13.7 millones de espectadores en televisión abierta y 6.8 millones en plataformas de redes sociales, las irregularidades en el funcionamiento de los cronómetros y otras dificultades técnicas fueron evidentes.
La presidenta de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey, reconoció los problemas técnicos que afectaron el desarrollo del debate, destacando especialmente las fallas en la bolsa de tiempo y la confusión que causaron en los participantes. Se mencionó que se están evaluando las posibles responsabilidades y sanciones contra la casa productora encargada del evento, Full Cercle Media.
El exconsejero electoral Marco Baños señaló la necesidad de revisar el formato del debate para facilitar un intercambio más fluido entre los candidatos, así como una moderación más activa para asegurar que todas las preguntas sean respondidas adecuadamente.
En cuanto a las preguntas formuladas por la ciudadanía, el consejero Martín Faz Martín Faz aseguró que se sigue una metodología para garantizar que provienen de personas reales, desmintiendo los señalamientos sobre irregularidades en su selección.