Tendrá la facultad de intervenir llamadas telefónicas, audios, videos e imágenes en la persecución de delitos graves como narcotráfico, robo de combustible, pornografía infantil, lavado de dinero y tráfico de armas y de indocumentados, entre otros.
La minuta, que se votará hoy mismo en la Cámara de Diputados, señala que un juez especializado deberá resolver la solicitud de intervención de comunicaciones en un plazo no mayor de 12 horas.
A partir de ese momento, la autoridad judicial ordenará a las concesionarias del sector de telecomunicaciones que den acceso a la información requerida por la Guardia Nacional, e incluso faciliten la localización georreferenciada en tiempo real de los equipos de celulares bajo investigación por alguno de los delitos.