El gobierno federal prevé poner en marcha, en julio, el instituto que asignará los recursos y bienes confiscados a la delincuencia organizada a escuelas, hospitales y otras necesidades sociales en las zonas más marginadas del país.
Así, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) operará legalmente bajo el nombre de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Ricardo Rodríguez Vargas, su director, especificó que en esencia, las funciones serán similares, pero hay tres cambios que lo harán más eficiente.
«Estamos operando con el mandato y las directrices del Presidente, pero el andamiaje legal está en comisiones, esperamos que en junio se apruebe el paquete en el Senado y se mande a la Cámara de Diputados, de tal manera que en julio se avale el paquete de leyes, entre ellas la de Extinción de Dominio», comentó.