Las “mordidas” aumentaron a nivel nacional en promedio del 2017 de 2,450 pesos, al 2019 a 3,822, sin contar la inflación, lo cual engloba sobornos costosos y los más bajos.
Los trámites o asuntos que se tratan con policías o personal de seguridad pública ya sea estatal o de algún municipio, son los que mayormente acaban en algún acto de corrupción y tienen a Sonora en el último lugar nacional en el Índice de Competitividad 2020 en el rubro de Sistema Político estable y funcional.
Sonora resultó con una evaluación global negativa en su sistema político, en el realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), pues tiene una incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes del 62% que ubica a esta entidad en el puesto número 32.
El IMCO mide 10 subíndices: Sistema de derecho confiable y objetivo, Manejo sustentable del medio ambiente; Sociedad incluyente, preparada y sana, Gobiernos eficientes y eficaces, Mercados de factores eficiente, Economía estable, sectores precursores de clase mundial, Aprovechamiento de las relaciones internacionales, Innovación y sofisticación en los sectores económicos, así como Sistema político estable y funcional.
Ricardo Alvarado, investigador de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, explicó que el IMCO usa una metodología que recoge información de varias fuentes, entre ellas de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), la cual se levanta cada dos años por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); y para esta ocasión el IMCO escribió en su metodología que utilizaron la versión del 2017, publicada en 2018, dado a que al parecer la versión 2019, estuvo disponible hace apenas dos semanas.
“Hay un dato en Sonora que probablemente lo tiene en este punto del índice, que es que el número de actos de corrupción para 100 mil habitantes para el 2017, fue de 61 mil 652, es decir, 62% de las personas que acudieron a hacer un trámite ante el gobierno, estatal o municipal, reportaron que eso acabó en un acto de corrupción», explicó.
Sin embargo, el Inegi en la versión de la Encig del 2019 señala apenas 24 mil casos, lo cual sería una dramática reducción en apenas en dos años, pero se establece una alerta sobre los resultados, pues el Inegi no tuvo toda la representatividad, es decir, tal vez no tuvo el número suficiente de encuestas.