La Fiscalía de Nueva York solicitó el viernes una multa de 370 millones de dólares para el expresidente Donald Trump (2017-2021) tras un juicio civil por fraude en la Organización Trump. Esta cifra es más alta que la exigida inicialmente, y también se propone un veto «de por vida» en el sector inmobiliario del estado para Trump.
El juez Arthur Engoron se espera que emita un veredicto por escrito el 11 de enero, tras los argumentos finales de ambas partes. En este veredicto se podría concretar una multa millonaria para Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, a quienes previamente se consideró responsables de fraude, el principal cargo, en un dictamen anterior al juicio.
La oficina de la fiscal Letitia James, impulsora del caso, inicialmente solicitó 250 millones de dólares de penalización. En un extenso documento judicial presentado hoy, argumentaron que Trump debería pagar más debido a la evidencia presentada en el juicio que demuestra que obtuvo ganancias ilícitas.
La Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida «de por vida» participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de «cualquier empresa o entidad legal» en el estado de Nueva York.
Manipulación de cifras
Tras el juicio, que ha durado unos dos meses, está por resolver seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos, y de ese fallo dependerán la posible multa y medidas restrictivas a los negocios.
Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones reclamados corresponden a los intereses que la Organización Trump se ahorró en cuatro préstamos comerciales (168 millones) y a los beneficios que obtuvo con la venta de un edificio en Washington D.C. (139 millones).
Los abogados de Trump criticaron la cifra en otro documento como «groseramente excesiva», y argumentaron que las transacciones analizadas «fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público» o el mercado, por lo que reiteraron que el caso debería desestimarse.