Un grupo de Morena quiere 50% de espacios para la CNTE; otro, que SEP controle 100%
El reparto de plazas magisteriales confrontó a diputados morenistas que también son integrantes de la CNTE y puso en riesgo el logro de mayorías para el dictamen de reforma educativa que hoy debe aprobarse en comisiones.
La presidenta de la Comisión de Educación y miembro de la CNTE, Adela Piña, impulsa la inclusión de un transitorio que permita al sindicato magisterial decidir a quien otorgar 50 por ciento de plazas.
En contraste, Azael Santiago Chepi, ex secretario general de la sección 22 de la CNTE, apoya la propuesta del ala institucional de Morena y del propio gobierno federal en el sentido de que la SEP controle la asignación de plazas.
Ayer, en reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue presentada la propuesta de Piña de agregar un artículo XV transitorio en el que se precise que los maestros se regirán por el apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
Dicha ley contiene un artículo que dice que 50 por ciento de las plazas de última categoría, de nueva creación o las disponibles serán ocupadas por candidatos del sindicato.
Esta posición es avalada por los actuales líderes de la CNTE, pero rechazada por la SEP, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, y diputados de la Coordinadora como Santiago Chepi.
“Se está planteando que la rectoría de la educación la asuma la SEP y, en ese sentido, será la Secretaría de Educación quien diseñe la asignación de presupuesto, de plazas, de infraestructura, de una evaluación de todo el Sistema Educativo Nacional“, aclaró Azael Santiago el 14 de marzo.
El PRD y el PAN también han externado su rechazo a la posibilidad de incorporar a los maestros en el apartado B del artículo 123 constitucional.
“No estamos de acuerdo. Incluir a los maestros en el 123 significaría regresión autoritaria, donde las sustituciones de las plazas se realizarían otorgando una al sindicato y otra al patrón. Las plazas son del Estado Mexicano. Las partes sindicales las consideran, de manera inapropiada, régimen patrimonial”, explicó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador parlamentario del PAN.
Por Nayeli Cortés y Elena Soto